Alianza Cívica rechaza iniciativa de ley considerada como "Ley Mordaza"

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua señaló este domingo al Gobierno del presidente Daniel Ortega de pretender "recrudecer la represión política y social" con dos iniciativas de leyes, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde hace más de dos años.

En una declaración, esa alianza expresó su rechazo a las iniciativas de Ley Especial de Ciberdelitos y Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, promovidas por el oficialismo en la Asamblea Nacional, donde tienen mayoría absoluta.

Esos proyectos constituyen un "combo explosivo contra los derechos y libertades de los nicaragüenses, a través del cual se pretende recrudecer la represión política y social", indicó esa alianza, que fue la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación en la que se buscaba una salida pacífica a la crisis.

En particular, anotó ese grupo, "rechazamos la iniciativa de Ley Mordaza, como el pueblo nicaragüense está llamando a la propuesta de Ley Especial de Ciberdelitos, con la que el régimen Ortega-Murillo pretende controlar los medios de comunicación y redes sociales como espacios para la libre expresión ciudadana, a través de la creación de nuevos delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación".

INICIATIVA AMBIGUA Y DISCRECIONAL

La alianza observó que la forma en que está redactada esa iniciativa es "alarmante", debido al uso de términos amplios, vagos, imprecisos y ambiguos para penalizar expresiones de interés público, y que incluso puede dar lugar a que se criminalice la parodia y la sátira.

"Este tipo de regulación constituye sin duda un instrumento arbitrario y de represión para atacar la libertad individual, promover la intolerancia y limitar los derechos y libertades ciudadanas", denunció la alianza, que advirtió que la iniciativa es "inconstitucional" porque vulnera derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Argumentó que la propuesta ordena recurrir al derecho penal como mecanismo de coacción para recetar multas, cárcel e intervención de bienes y activos e impedir el ejercicio de derechos como la privacidad, la protección de datos personales, el honor de las personas, y las libertades de expresión e información.

Por tanto, consideró que iniciativas como la "Ley Mordaza son parte de una estrategia dirigida a minimizar la crítica ciudadana e instaurar la censura política a sectores independientes de la oposición que utilizan las redes sociales y medios de comunicación para denunciar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo".

AMENAZA AL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

"Esta es una clara amenaza al periodismo investigativo, fuente importante de fiscalización de la función pública y privada y uno de los pilares principales de la libre prensa, esencial para la democracia", prosiguió.

Asimismo, alertó que "la dictadura ha recrudecido su control contra de los medios de comunicación independientes, aumentado la represión directa a expresiones menores de movilización y protesta, e intensificado protesta y acoso policial directo a grupos particulares de excarcelados políticos que consideran de alto riesgo".

A juicio de ese grupo, "la aplicación de esta Ley Mordaza, en conjunto con establecimiento de la cadena perpetua (propuesta aún informal) y la Ley de Agentes Extranjeros, son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por una dictadura cada vez más represiva y violatoria de los derechos de los nicaragüenses".

En ese sentido, hizo "un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a rechazar este nuevo intento de violentar los derechos constitucionales y las libertades públicas de los nicaragüenses".

Las polémicas iniciativas han sido remitidas a varias comisiones legislativas, incluida la de Asuntos Jurídicos, que será la encargada de presentar el dictamen antes de ser discutido en el plenario en una fecha aún no precisada.