Autoridades penitenciarias impiden visitas a “presos políticos”

Autoridades penitenciarias de Nicaragua restringieron este miércoles el ingreso de un grupo de madres de opositores presos en la cárcel Modelo, el centro penal más grande del país, pese a que el presidente Daniel Ortega anunció esta semana que había libre acceso a las prisiones.

Los familiares, en su mayoría mujeres, fueron impedidos de ingresar a la sede de la cárcel conocida como "La Modelo",

“Él (Ortega) dijo que nos iban a dejar entrar a ver a nuestros hijos. ¿No tiene palabra el presidente?”, preguntó enojada una mujer a un oficial que les impedía cruzar hacia la entrada del centro penitenciario Jorge Navarro, al norte de la capital, Managua.

“Tengo derecho a entrevistarme con los presos”, reclamó la abogada Yonarqui Martínez, defensora de 22 opositores detenidos tras la revuelta social contra Ortega que estalló en abril de 2018. “Esta es la prueba inminente de la mentira del discurso presidencial”, dijo Martínez, que acompañó a los familiares.

"¡Las madres no mentimos, queremos libertad!", gritaron las mujeres, mientras alzaban carteles con los rostros y nombres de sus familiares presos, en un retén ubicado a unos 50 metros del portón de "La Modelo".

Los carceleros invitaron a las madres a alejarse, y argumentaron que para ver a los reos se necesita un procedimiento. La abogada Yonarquis Martínez, respondió que dicho proceso consiste en tener un carnet de autorización y una orden superior que deben presentar dentro de las instalaciones, ante lo cual las autoridades guardaron silencio y mantuvieron su postura.

"Se negaron porque tienen temor de que les quiten las tarjetas de visitas, no es la primera vez que el Sistema Penitenciario toma represalia contra las madres, ahorita quieren anotar sus nombres pero sin dejarlas entrar", sostuvo Martínez.

Al hablar en un acto oficial el pasado lunes, Ortega aseguró que “están abiertas las puertas de las cárceles para que puedan visitarlos”, refiriéndose a los 113 “presos políticos” que según organizaciones civiles guardan prisión en el país.

El mandatario calificó de “inventos” las denuncias sobre torturas a reos de conciencia, algunos de los cuales iniciaron una huelga de hambre hace más de dos semanas. Cinco de ellos se zurcieron los labios en señal de protesta, según dijeron familiares que distribuyeron fotos a la prensa.

“Dicen que tienen cosidos los labios, ya quisiera verlos, inventan cosas para crear una imagen negativa del gobierno para que organismos internacionales manejados por los yanquis, como la OEA, busquen qué hacer”, afirmó.

Ortega habló ante oficiales del Ministerio de Gobernación horas antes del inicio de la 50 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que este miércoles aprobó una resolución crítica al gobierno sandinista, por 20 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones.

Karen Lacayo, presidenta de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, dijo a la AP que 54 reos iniciaron una huelga de hambre el 1 de octubre pasado, y que cinco de ellos se zurcieron la boca. En represalia, los cinco fueron llevados a “celdas de castigo”.

“Las amenazas son constantes, les dicen que los van a matar si continúan con la huelga de hambre ”, agregó Lacayo.

Lacayo, hermana del preso Edward Lacayo, conocido como “La Loba”, omitió sus nombres por razones de seguridad pero la foto de uno de ellos con los labios cosidos con un hilo circuló en redes sociales y medios de prensa.

Esta es la segunda vez que familiares de “presos políticos” tratan de ingresar a la cárcel Modelo tras la oferta del gobernante. El primer intento lo realizaron el martes, junto a directivos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a quienes también se les impidió el acceso.

“Ellos no tenían intenciones de recibir ningún tipo de documento y nos dijeron que nos retiráramos de la zona. Es mentira que exista apertura para verificar las condiciones carcelarias de los privados de libertad”, protestó Carla Sequeira, directora jurídica de la CPDH .

El abogado Julio Montenegro aseguró que a los reos que protestan les prohíben la visita mensual rutinaria y les retienen los alimentos que los parientes les llevan.

“Yo ya tengo un mes de no ver a mi hijo”, expresó Petrona Rodríguez, madre de José Santos Sánchez, detenido por participar en protestas en la ciudad de Masaya, pero acusado de narcotráfico. La última vez que habló con él, le dijo que se sumaría a la huelga de hambre.

Este mismo miércoles, la llamada Mesa de Trabajo por los Presos Políticos, formada por seis organizaciones de familiares de reos y excarcelados, emitió un comunicado exigiendo la liberación de los 113 opositores detenidos —tres de ellos mujeres— como condición previa a la realización de elecciones generales en 2021.

“No puede haber elecciones bajo acoso, bajo represión y con más de 100 presos políticos”, expresó Amaya Coppens, la líder universitaria de 25 años, dos veces encarcelada por protestar contra Ortega.

Rodrigo Navarrete, directivo del grupo, dijo que de los 113 opositores detenidos en los distintos penales del país, 22 fueron excarcelados y recapturados por la Policía.

VÍCTIMAS DE PERSECUCIÓN 

Los familiares de los "presos políticos" mantuvieron sus denuncias sobre supuestos maltratos que estos reciben dentro de las cárceles, así como castigos adicionales a los que mantienen una huelga de hambre escalonada desde hace 22 días. 

Luego de la negativa de las autoridades, las mujeres, cerca de 15, regresaron hacia Managua en un microbús, al que dio persecución una patrulla policial y motociclistas, como ocurre con los opositores más conocidos desde septiembre pasado.

"Si nos pasa algo responsabilizamos al Gobierno, porque nos vienen siguiendo paramilitares y la Policía Nacional, pedimos apoyo", dijo una de ellas, desde el interior del automotor, en un vídeo compartido en redes sociales, pero horas después no volvieron a comunicarse. 

En la víspera otro grupo de familiares de "presos políticos", junto con abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ya había "tomado la palabra" a Ortega, con la misma suerte, aunque sin ser perseguidos. 

Actualmente, en Nicaragua hay unos 113 opositores convictos, de los cuales 103 fueron capturados tras el estallido social contra Ortega en abril de 2018, y los restantes permanecen desde antes, de acuerdo con las organizaciones aglutinadas en el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.