"Los nicaragüenses estamos con las manos atadas", dice Cosep.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), Michael Healy, afirmó este miércoles que los nicaragüenses en general están "con las manos atadas", producto de las acciones que está adoptando el Gobierno de Daniel Ortega contra opositores, sector privado y medios de comunicación no oficiales.

En una teleconferencia, el líder gremial señaló al Ejecutivo de "asediar y acosar" al sector privado a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y que las empresas poco pueden hacer ante un Estado que lo controla todo, incluido el Poder Judicial.

"Los nicaragüenses estamos con las manos atadas", indicó Healy, que denunció que la DGA está sobrevalorando los productos importados con el fin de hacer un sobrecobro de aranceles.

Explicó que el Cosep ha creado una Comisión Tributaria que va a trabajar junto con una Comisión Jurídica para elaborar un informe sobre las acciones a tomar ante esas decisiones gubernamentales, que calificó de "negativas" y "erróneas".

DENUNCIA "ÓRGANOS DE REPRESIÓN"

"Lo que se debe hacer es un análisis de cómo ha sido aplicada la reforma tributaria (que entró en vigor en el primer trimestre del año pasado), en la cual está siendo mal usada por el Gobierno y la está ocupando como un órgano de represión contra las empresas, los medios de comunicación y contra los mismos nicaragüenses", sostuvo.

Con la base de la reforma tributaria, aseguró Healy, el Estado mantiene un "asedio o acoso en temas de impuestos o tributarios" a por lo menos 300 empresas.

"Es bien complicado la situación en la que estamos los nicaragüenses, porque estamos en un constante asedio, no sólo a nivel de la sociedad civil y las persecuciones, sino también que están ya ocupando entidades del Estado para reprimir y asediar a las empresas, a los trabajadores y la economía de este país", aseguró.

Puso como ejemplo la reciente decisión de una jueza de Managua que ordenó embargar una residencia y seis lotes de terrenos de una lujosa urbanizadora a la empresaria Victoria Lacayo, suegra del dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, por una causa promovida por la Alcaldía de Managua, gobernada por los sandinistas.

También la decisión de otra jueza que ordenó al Canal 12 de televisión, un medio de comunicación no oficialista que fue embargado por el Gobierno de Nicaragua, pagar un reparo fiscal por 607.000 dólares o de lo contrario le subastarán cuatro propiedades.

"BASTA YA"

"Este tiene que ser un basta ya", clamó el líder empresarial, que hizo un llamado al Gobierno a trabajar y enfocarse en las soluciones de este país, que pasan, dijo, por la liberación de los opositores detenidos en el marco de la crisis sociopolítica que se vive desde abril de 2018 y garantizar unas elecciones libres, entre otros.

Asimismo, Healy advirtió que dos iniciativas de leyes promovidas por los sandinistas, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, que han sido rechazadas por diversos sectores, en caso de ser aprobadas, vendrán a "agravar" la crisis en la que está inmersa Nicaragua desde hace más de dos años.

"Las acciones que está tomando el Gobierno son negativas y tendrán su repercusión en la economía", consideró el dirigente gremial, que advirtió que desde abril de 2018 a la fecha se han perdido 600.000 empleos, entre formales e informales, en un país de 6,4 millones de habitantes.

"Si esto continúa, estos asedios, esta persecución fiscal, lo que vamos a tener es un montón de empresas quebradas, mayor desempleo y gente en las calles", alertó.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.