Proponen que prisión preventiva pase de dos días a casi 3 meses en Nicaragua

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aceptó este jueves discutir una reforma de ley para que la prisión preventiva, actualmente establecida en 48 horas, pase a durar hasta tres meses, lo que despertó reacciones adversas entre defensores de derechos humanos y opositores.

La iniciativa de “Ley de Reforma y Adición (al) Código Procesal Penal” considera que en Nicaragua “no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica” en 48 horas, según la propuesta del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que estima que el “plazo razonable” no debe “ser menor de 15 ni mayor de 90 días”.

De ser aprobada, tal como se espera, una persona inocente ya no será liberada 48 horas después de su detención, sino que podría pasar al menos 15 días en la cárcel, o esperar tres meses antes de salir.

El experto constitucionalista José Pallais calificó la propuesta como “un retroceso enorme”, mientras que la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) exigió “un verdadero proceso de justicia”.

Por su parte, el Institute on Race, Equality and Human Rights, que sigue las incidencias de Nicaragua desde su sede en Washington, expresó su “preocupación por la iniciativa de reforma a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal para ampliar de 48 horas hasta tres meses la detención de una persona sin acusación formal”.

“Van a poner al individuo sin ninguna acusación (en prisión) hasta por 90 días, es un mecanismo más de persecución de opositores”, dijo Pallais, también integrante de la opositora Coalición Nacional.

La detención de opositores durante meses sin ser acusados es una práctica que han denunciado diferentes defensores de los derechos humanos desde las manifestaciones multitudinarias contra el presidente Daniel Ortega en 2018.

Apenas la semana pasada la mayoría sandinista del Parlamento concluyó el proceso de aprobación de la cadena perpetua para “crímenes de odio”, mismos que no fueron definidos por los legisladores, y que despertó dudas porque es un señalamiento que la Presidencia hace de forma constante a los opositores.

La cadena perpetua, y ahora la reforma al Código Procesal Penal, han sido calificadas por los opositores como parte del llamado “paquete de leyes represivas”, que incluye la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, aprobadas en 2020.

Dichas leyes han sido aprobadas por los diputados sandinistas en el marco del año electoral, cuyo día clave es el 7 de noviembre próximo, cuando los nicaragüenses vayan a las urnas.

En dichas elecciones el presidente Daniel Ortega, quien coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990, busca extender por cinco años un mandato que recuperó en 2007 y lo ha mantenido con elecciones que la oposición considera “fraudulentas”.