Gobierno de Ortega abre centro en un edificio incautado a ONG dirigido por "excomandante"

El Gobierno de Nicaragua inauguró este miércoles el Centro Nacional de Diabetes en el edificio donde funcionaba la ONG Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), dedicado a la promoción de la democracia y presidido por Jaime Wheelock, uno de los antiguos nueve "comandantes" de la revolución sandinista.

En el Centro Nacional de Diabetes, bautizado con el nombre de "Porfirio García" y pintado en color rosado, resalta un letrero con una foto del presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, según constató Efe.

"En este centro se atenderá a los pacientes crónicos, se les brindará atención adecuada junto al tratamiento gratuito", señalaron las autoridades a través de medios oficiales.

El 14 de diciembre de 2018, en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, el Ipade denunció que su sede había sido víctima de un "asalto" perpetrado por agentes policiales, y que tanto su personal de vigilancia como sus instalaciones habían sido objeto de "atropello" durante el allanamiento ejecutado sin orden judicial.

Un día antes, la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por los sandinistas, despojó de la legalidad al Ipade por considerar que incumplió gravemente sus obligaciones legales y sus estatutos, así como por haber desnaturalizado su personalidad jurídica, "alterar el orden público", "desestabilizar el país" y "afectar la seguridad ciudadana".

El Parlamento nicaragüense ordenó que los "bienes y acciones que pertenezcan a la entidad tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el Acto Constitutivo o en sus Estatutos", y que "si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado".

ONG NACIÓ A INSTANCIAS DEL FSLN

El Ipade, una entidad sin fines de lucro, fue creado mediante un decreto legislativo el 23 de marzo de 1990, un mes y dos días antes de que entregara el poder de su primer mandato Ortega, quien fue vencido en las urnas por Violeta Barrios de Chamorro el 25 de febrero de ese año, y que asumió dos meses después.

Wheelock, que fue junto a Ortega uno de los nueve "comandantes de la revolución" que gobernó Nicaragua tras derrocar por la vía armada al presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, ha dicho que esa ONG "no se ha involucrado en actividades partidistas ni ha promovido, financiado o participado en golpes o conspiraciones".

También confirmó que el Ipade fue creado estando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aún en el poder, que fue promovido a iniciativa de la Asamblea Sandinista, y que él se incorporó a esa ONG por orientaciones de la Dirección Nacional de su antiguo colectivo.

"El primer proyecto de Ipade fue apoyar la legalización de propiedades de los trabajadores", sostuvo en un escrito publicado en el diario digital Confidencial el 26 de febrero de 2019.

Wheelock fue el encargado de la reforma agraria durante el primer régimen sandinista (1979-1990) y es señalado de ser uno de los artífices de la llamada "piñata", a como se le conoce a la repartición de propiedades confiscadas antes de que abandonaran el poder el 25 de abril de 1990.

El exministro de Reforma Agraria y "excomandante" ha negado que los sandinistas se hayan distribuido esas propiedades confiscadas y que en su caso no se apropió ilegalmente de la hacienda San Martín y argumentó que esa propiedad pertenece al Ejército.

Sobre el Ipade, el Estado de Nicaragua cedió al Ministerio de Salud (Minsa) los edificios incautados a dos medios de comunicación críticos con Ortega y a nueve ONG que fueron ilegalizadas en el marco de la crisis que vive el país.

El Minsa inauguró ayer una Casa Materna en el edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos "Esta Semana" y "Esta Noche", dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.