Convocan a elecciones en Nicaragua, entre críticas por la falta de garantías

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua convocó este jueves a elecciones generales el 7 de noviembre, en medio de críticas opositoras y de organismos internacionales que advierten una falta de garantías para celebrar un proceso justo y transparente.

El tribunal electoral, recientemente nombrado por el Congreso, es dominado por jueces afines al partido del gobernante Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Entre ellos, su presidenta, Brenda Rocha, es una reconocida militante de esa agrupación oficialista.

El llamado a elecciones se realiza en un momentos en que la oposición y la comunidad internacional han expresado preocupación por la reciente conformación del CSE, que estiman resta credibilidad al proceso, y por una reforma a la ley electoral que han calificado de "excluyente y represiva".

"Estados Unidos y la comunidad internacional están alarmados por la decisión del gobierno de Ortega de ignorar el llamado del pueblo de Nicaragua de hacer reformas electorales significativas. El apoyo a la democracia significa realizar elecciones libres y justas", escribió en Twitter el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

En tanto, para la OEA, la nueva conformación del tribunal "consolida la concentración del poder del FSLN en todos los cuatro poderes del Estado", Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, y "pone en evidencia la falta de voluntad del régimen de tomar acciones en pro de la democracia".

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este jueves su "extrema preocupación" ante las reformas y los magistrados elegidos para el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, al considerar que van en contra de las recomendaciones de la comunidad internacional. En un comunicado, la Secretaría General de la OEA opinó que ambas medidas dan "claramente una ventaja absoluta al partido oficial", que controla la administración y la justicia electoral.

La Secretaría de la OEA indicó que la nueva CSE y esas reformas "eliminan las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima" para el desarrollo de unos comicios libres y justos. A su juicio, esas medidas "erosionan" un proceso político plural que lleve al ejercicio efectivo de los derechos civiles de los nicaragüenses. Además, aseguró que desde febrero de 2017 ha expresado su voluntad de colaborar con el Gobierno de Nicaragua para llevar a cabo reformas electorales que hagan que el sistema político sea más libre y democrático, y denunció el incumplimiento por parte del Ejecutivo de Ortega de acuerdos alcanzados en el pasado.

En la convocatoria los magistrados del CSE exhortan a los partidos "al debido cumplimiento" de un grupo de leyes aprobadas por el Parlamento de mayoría oficialista a finales de 2020, y que complican la participación de opositores en los comicios.

Dichas normas prohíben optar a cargos de elección popular a quienes demanden sanciones contra el país y obligan a organizaciones o entidades independientes a registrarse como agentes extranjeros y declarar los aportes económicos del exterior, bajo riesgo de cierre.

El gobierno ve en esos aportes un riesgo de intromisión en la política interna.

Los partidos podrán inscribir sus alianzas hasta el 12 de mayo y el registro de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados será entre el 28 de julio y el 2 de agosto.

Los opositores buscan conformar un bloque, decidir un candidato único y enfrentar al actual presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, y quien creen buscará una cuarta elección sucesiva.

Los partidos opositores han denunciado hostigamiento e impedimentos por parte del gobierno para llevar adelante sus campañas.

Ortega, de 75 años, enfrenta desde el 2018 una crisis política detonada por protestas masivas que pedían su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).