Parlamento de Nicaragua cancela otras nueve organizaciones civiles.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este martes las personalidades jurídicas a otras nueve ONG nicaragüenses, con lo que suman 61 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del Gobierno de Ortega.

El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las nueve ONG fue aprobada con trámite urgente con el voto de 84 diputados, ninguno contra, tres se abstuvieron, y otros cuatro estuvieron presentes y no votaron, de los 91 legisladores que integran el Parlamento.

Entre las asociaciones y organizaciones canceladas se encuentran: 

1. Club Campestre Las Colinas. 
2. Asociación de Graduados de INCAE de Nicaragua. AGI-Nicargua. 
3. Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, ACODEP. 
4.  Asociación de Economistas de Nicaragua.
5. Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria, CANTUR, 
6. Fundación Veritas Humanas. 
7. Fundación Hispanoamericana, F.Hispan.
8. Fundación de Turismo, Futurismo.
9. Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas, COSUP. 

BIENES PUEDEN PASAR A MANOS DEL ESTADO

En un informe, el Ministerio de Gobernación argumentó que las Juntas Directivas de esas entidades se encuentran acéfalas; no han reportado sus estados financieros correspondientes con sus desgloses detallados; y tampoco han presentado los convenios (donantes y ONG) sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiación, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos. 

Según el informe oficial, esas ONG violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Según el decreto, los bienes y acciones que pertenezcan a las nueve ONG tendrán previa liquidación, de acuerdo al destino previsto en las actas constitutivas o en sus estatutos. "Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado", según el texto. 

“No han presentado los convenios donantes y su proyecto de actividades que definan claramente su fuente de financiamiento cartera de proyectos impactos social de los mismos y si están acordé los fines y objetivos cada uno de los organismos señalado en esta iniciativa conforme lo establecido en la normativa del departamento de asociaciones para la regulación y supervisión de organismo sin fines”, señala el texto.

En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, han ilegalizado al menos 61 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018. El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas. 

Leer además: El Parlamento canceló la personalidad jurídica a la Universidad Hispanoamericana y CONIMIPYME

Cantur, al igual que la privada Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), que fueron ilegalizadas el lunes, son dirigidas por el empresario sandinista Leonardo Torres, miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, que ha guardado silencio sobre esas medidas.

Con la ilegalización de esas otras nueve ONG, se elevó a 61 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).