Nicaragua suspende la tradicional procesión de Jesús Sacramentado del 1 de enero
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el obispo Carlos Enrique Herrera, informó este viernes sobre la cancelación de la tradicional procesión de Jesús Sacramentado, convocada para el primero de enero y a la que generalmente acuden miles de católicos.
El jerarca católico, quien es obispo de la diócesis de Jinotega, en el norte de Nicaragua, explicó a través de una declaración pública "que por motivos ajenos a nuestra voluntad queda suspendida la tradicional procesión de Jesús Sacramento, programada para el 01 de enero", sin más precisiones.
Según el diario La Prensa, de Nicaragua, el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega prohibió a la Iglesia católica del país centroamericano celebrar en las calles la tradicional procesión de Jesús Sacramentado.
La procesión se celebrará esta vez a lo interno de la Catedral de Managua y de las parroquias en todo el país.
GOBIERNO GUARDA SILENCIO
Ni el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes ni el Gobierno han dado explicaciones al respecto.
La diócesis de León y Chinandega, una de las más grandes de Nicaragua, dio a conocer su programación oficial del domingo primero de enero, sin incluir la tradicional procesión de Jesús Sacramentado, y orientó a los sacerdotes ese día una Hora Santa, la Eucaristía y la bendición con Jesús Sacramentado a nivel parroquial.
La tradicional peregrinación católica del primero de enero es encabezada por los obispos nicaragüenses, y en el caso de la capital por el arzobispo de Managua, y en ella los creyentes oran por la paz en Nicaragua y en el mundo.
La suspensión se da en el marco de roces entre el presidente Daniel Ortega y la iglesia Católica nicaragüense.
ORTEGA HA TILDADO DE "TIRANÍA" A LA IGLESIA
En octubre pasado, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una "dictadura" y una "tiranía perfecta" y de haber utilizado "a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado" a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
El 13 de diciembre pasado, el obispo Rolando Álvarez fue acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
El arresto y acusación en contra de ese obispo nicaragüense, otros siete sacerdotes y otros dos colaboradores es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua.
Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
También ha cerrado nueve estaciones de radio y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
La Policía además ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias, entre otros.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.
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