El Gobierno de Nicaragua cierra un orfanato de niños y adolescentes y decomisa sus bienes

El Gobierno de Nicaragua canceló este viernes la personalidad jurídica a una asociación que brinda cuidado y resguardo a niños, niñas y adolescentes huérfanos desde 1995, bajo el argumento de que no contaban con las credenciales del Ministerio de la Familia.

La disolución de la Asociación Misión Cristiana Verbo, a cargo del proyecto Casa Bernabé, inscrita desde el 27 de marzo de 1995, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua.

Según Gobernación, esa asociación benéfica que alberga a cerca de 50 niños, según su página web, fue ilegalizada por incumplimiento a las leyes que la regulan, "ya que no cuentan con las credenciales del Ministerio de la Familia para operar como Centro de Internamiento de Niños, Niñas y Adolescentes".

DECOMISAN SUS BIENES

Además de aprobar la cancelación de la personalidad jurídica a la Asociación Misión Cristiana Verbo, Gobernación ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.

El proyecto Casa Bernabé opera en la comunidad de Veracruz, en las afueras de Managua, y en el municipio de Bilwi o Puerto Cabezas, en el Caribe de Nicaragua, una de las zonas más pobres y aisladas del país centroamericano.

Casa Bernabé-Veracruz es un ministerio de la Iglesia Cristiana Verbo que comenzó en Managua en 1985 y se trasladó un año después al pequeño pueblo de Veracruz (de una población de 10.000 habitantes) en las afueras de la ciudad capital.

La propiedad de 35 acres, ahora decomisada por el Estado, fue adquirida por Verbo Church en 1984, "con la visión de establecer una granja en funcionamiento y un campus educativo independiente donde los niños necesitados pudieran vivir y aprender en un ambiente seguro y amoroso", de acuerdo con la información.

Las otras 12 ONG, entre ellas una estadounidense y una panameña, fueron canceladas por "disolución voluntaria". Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de Café de Nicaragua, Fundación Masaya Contra la Pobreza, Asociación Civil de Desmovilizados de Camoapa, Asociación Hermanas Clarisas Franciscanas, Fundación Cadenas Cicilagos y Vidas sin Cáncer, entre otras.

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.

 Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en 2018. Los sandinistas también argumentan que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

El Estado de Nicaragua ha cerrado al menos 3.400 organizaciones tras las protestas populares contra el Gobierno que preside Daniel Ortega que estallaron en abril de 2018.