Entra en vigor la ley migratoria SB 1718 contra migrantes en Florida

Florida se convierte a partir de este 1 de julio en el estado con la ley migratoria más dura de estados Unidos. El 10 de mayo el gobernador Ron DeSantis promulgó la SB 1718 aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras de la Asamblea estatal de mayoría republicana que, entre otras medidas, sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de indocumentados, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.

A partir de ahora, se invalidan las tarjetas de identificación y determinados carnés de conducir expedidos en otros estados fuera de Florida. Mientras tanto, transportar a sabiendas a un inmigrante ilegal hacia ese estado resultará en 5 años de prisión y una multa de 5.000 dólares. El transporte de cinco o más extranjeros indocumentados, un menor de edad no acompañado o un contrabandista convicto supondrá una multa de 10.000 dólares y hasta 15 años de cárcel. 

La ley también exige a los hospitales que acepten Medicaid, que recopilen información sobre el estado migratorio de los pacientes e informen al Gobierno del estado. Aunque la medida no prohíbe la atención médica a los inmigrantes indocumentados, el paciente deberá indicar su estatus o negarse a responder. La ley también proporciona 12 millones de dólares para reubicar inmigrantes en otros estados. "Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de derecho", asegura el gobernador, Ron DeSantis.

En los días previos a su entrada en vigor, decenas de inmigrantes y trabajadores salieron a las calles en las localidades Jupiter y Lake Worth Beach, en centro del estado, para protestar contra la nueva legislación estatal que también ordena a las empresas con más de 25 empleados utilizar el sistema de verificación federal E-Verify.

Inmigrantes y empleadores han advertido que la nueva legislación causará daños importantes a la economía del estado y que está presionando para que un porcentaje importante de la fuerza laboral indocumentada, sobre todo agrícola, huya hacia otros estados en busca de un mínimo de seguridad para no ser detenida y puesta en proceso de deportación.

En Florida hay unos 800,000 trabajadores del campo, la mayoría provenientes de México y Centroamérica.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes también señalan que la SB 1718 disuadirá a las víctimas de crímenes de ponerse en contacto con la policía para denunciar hechos delictuales o buscar atención médica ante el riesgo de que les pidan o pregunten sobre sus estados migratorios, los arresten y les inicien un proceso para ser expulsados de Estados Unidos.

La mayoría de quienes huyen o están planeando irse no muestran sus rostros ni dan a conocer sus identidades por miedo a ser descubiertos y perseguidos por las autoridades de Florida. Muchos utilizan las redes sociales para expresar sus frustraciones, desolación y temores.

“Ni porque me paguen el doble regreso a Florida. Carolina (del Sur) es mejor”, dice un usuario cuyo usuario mantenemos en reserva. Otro escribe: “Yo no más, ya saqué a toda mi familia de Florida. Sin nuestra mano de obra no sirve US”. Un tercero señala: “Raza, no aflojen porque si lo convencen estos, se aprovecharán de nuevo. Sigamos en la lucha”.

La lista de usuarios despidiéndose ha crecido con el paso de los días. “Lamentablemente ya tomamos la decisión de irnos. Eso lo hubiesen pensado antes de firmar esa ley”, dice otro al enterarse de las declaraciones que hizo un grupo de legisladores republicanos quienes, durante un evento organizado por pastores religiosos, indicaron que la SB 1718 sólo se hizo para infundir miedo y que no vinieran más indocumentados a Florida, no para perseguir a los que ya tenían trabajo.