Nicaragua acusa a Panamá de violar convenciones sobre asilo, al negar la salida de ex presidente del país

El estado de Nicaragua, ha acusado al Gobierno de Panamá de violar las convenciones sobre asilo al negar el salvoconducto para que el expresidente Ricardo Martinelli abandone el territorio panameño.

Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión y a pagar una multa millonaria en el caso New Business, se asiló la tarde del miércoles pasado en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, en la urbanización La Alameda, corregimiento de Betania, alegando ser un perseguido político.

“El no reconocimiento del asilo y la negación del salvoconducto constituyen una violación a las Convenciones sobre Asilo, en particular al Artículo 2, Disposición Tercera, de la Convención sobre Asilo de 1928, que establece claramente que el Gobierno del Estado que otorga el asilo puede exigir que el asilado sea expulsado del territorio nacional en el plazo más breve posible”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense.

En una nota enviada el 9 de febrero de 2024, el ministerio nicaragüense expresó que “el asilo político debe ser respetado como un derecho humanitario, de acuerdo al derecho internacional y las leyes del país que otorga el asilo”.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua reiteró que el asilo concedido a Martinelli se basa al considerarse perseguido por razones políticas y por estar en “riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”.

Desde el miércoles pasado, Martinelli, de 71 años, se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, ubicada en la urbanización La Alameda, corregimiento de Betania.

La Cancillería de Panamá informó que la solicitud de salvoconducto para la salida de Martinelli del país ha sido denegada, basándose en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933.

El comunicado de Panamá reveló que el viernes convocó a la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval Meza, para informarle del rechazo de la solicitud de salvoconducto y recordarle la obligación de preservar las funciones de la misión diplomática.

“En tal sentido, toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede diplomática y que repercuta en la política doméstica de Panamá será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas”, concluye el comunicado panameño.

Martinelli fue condenado por blanqueo de fondos públicos para adquirir acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010, en el caso New Business. La condena, de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones, fue dictada en julio pasado por la juez penal Baloísa Marquínez y ratificada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.