Panamá llama a consultas a su embajador en Nicaragua.

En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la convocatoria a su representante en Managua, José de Jesús Martínez, se precisa que se siente “verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de Nicaragua”.

La entidad hace alusión a advertencias anteriores por la actitud permisiva de su embajada con el exmandatario (2009-2014), quien sigue usando la sede diplomática con fines político-partidistas.

Martinelli se encuentra asilado en dicha embajada desde el pasado 7 de febrero y está a la espera de un salvoconducto para abandonar el país.

“La República de Panamá exige a la República de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”, remarcó la nota enviada.

El exgobernante recibió asilo por parte de Nicaragua, luego de perder el último recurso judicial que le quedaba para evitar ir a prisión por más de 10 años, acusado de lavado de dinero en el caso New Business y ser inhabilitado para participar como candidato presidencial en los comicios generales del próximo 5 de mayo.

El pasado 9 de febrero, el Gobierno de Panamá le negó el salvoconducto y señaló que desde entonces, desde la embajada nicaragüense el fundador del partido Realizando Metas hace cotidianamente campaña a favor de su reemplazo en ese cargo de elección popular por su exministro de Seguridad José Raúl Mulino.

Según las autoridades locales, el salvoconducto fue denegado en base a lo que dispone el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933.

En nota anterior se le recordó a la representación diplomática nicaragüense en el istmo que preserve las funciones que está llamada a cumplir, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, por lo que la misma no debe ser utilizada de manera incompatible.

El mensaje indicó entonces que en tal sentido, toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Martinelli desde esa sede y repercuta o impacte en la política doméstica, será considerada una injerencia en los asuntos internos del país istmeño y , por tanto, generará consecuencias diplomáticas.