Jueza federal extiende el TPS para Honduras y Nicaragua; son 60,000 beneficiados

Una jueza federal de San Francisco, California, extendió el jueves el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a 60,000 personas de Centroamérica y Asia, incluyendo a personas de Nepal, Honduras y Nicaragua.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en su país de origen ya no justificaban la protección.

Las designaciones de TPS para aproximadamente 7,000 personas de Nepal estaban programadas para finalizar el 5 de agosto. Y las protecciones que permitían a 51,000 hondureños y a casi 3,000 nicaragüenses residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante más de 25 años expiraban el 8 de septiembre. La secretaria afirmó que tanto Honduras como Nicaragua habían logrado "progresos significativos" en la recuperación del huracán Mitch de 1998.

El TPS es una protección temporal que puede otorgar la secretaria de Seguridad Nacional a personas de diversas nacionalidades que se encuentran en Estados Unidos, lo que evita que sean deportadas y les permite trabajar. El gobierno de Trump ha buscado activamente eliminar esta protección, lo que aumenta el número de personas elegibles para la deportación.

Las cancelaciones forman parte de un amplio esfuerzo del gobierno republicano para deportar masivamente a inmigrantes, persiguiendo a quienes se encuentran en el país sin documentos, pero también eliminando las protecciones que les han permitido vivir y trabajar en Estados Unidos temporalmente.

Noem puede otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a personas de diversos países que ya se encuentran en Estados Unidos si las condiciones en su país de origen impiden un regreso seguro, como desastres naturales o inestabilidad política.

El gobierno de Trump ya ha cancelado el TPS a unos 350,000 venezolanos, 500,000 haitianos, más de 160,000 ucranianos y miles de personas de Afganistán, Nepal y Camerún. Algunos tienen demandas pendientes en tribunales federales.

Los abogados de la Alianza Nacional del TPS argumentan que las decisiones de Noem no se basaron en un análisis objetivo de las condiciones en sus países de origen, sino que fueron predeterminadas por las promesas de campaña del presidente Donald Trump y motivadas por la animadversión racial. Dicen que los designados suelen tener un año para salir del país, pero en este caso, recibieron mucho menos.

“Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”, declaró Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes, en una audiencia el martes.

El gobierno argumenta que Noem tiene autoridad clara e irrevisable sobre el programa TPS y que sus decisiones de terminación reflejan los objetivos del gobierno en materia de inmigración y política exterior.

El abogado del Departamento de Justicia, William Weiland, afirmó que esto no es un pretexto para tener una opinión diferente sobre un programa que ofrece un refugio temporal.

“No está diseñado para ser permanente”, declaró el martes.