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sábado, 23 de noviembre de 2013

Iglesia católica rechaza reformas a la Constitución.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) rechazó hoy una propuesta del gobierno para reformar la Constitución de 1987, por considerar que plantea “un cambio sustancial” al sistema político del país y favorece “la perpetuación de un poder absoluto a largo plazo”.

En una carta enviada al Parlamento por los máximos líderes de la CEN, los obispos consideraron que las reformas “no son convenientes” en momentos en que “es inexistente la separación de los poderes del Estado y hemos sufrido experiencias continuas de irregularidades electorales y violaciones a la Constitución Política”.

La propuesta de reformas “está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica”, advirtió el documento divulgado públicamente este viernes.

El presidente Daniel Ortega envió la iniciativa al Congreso unicameral, que inició un proceso de consultas antes de llevarla a debate en el plenario, donde el gobernante Frente Sandinista controla 63 de las 92 curules.

Como parte de las polémicas enmiendas, la propuesta oficial legaliza la reelección presidencial continua e indefinida consignada en el artículo 147, que prohíbe postularse al máximo cargo de poder del país en más de dos ocasiones y de forma consecutiva.

También propone anular las prohibiciones que tienen los militares para ocupar puestos públicos que no sean de elección popular, facilitándoles con ello el acceso a cargos judiciales y electorales.

“No estamos de acuerdo con este proyecto de reformas constitucionales (porque) creemos que su aprobación no traerá beneficio alguno para la nación”, subrayaron.

“Lo más urgente en Nicaragua en este momento no es realizar cambios a la Constitución”, sino revisar el sistema político vigente, en el cual “el poder se sigue concibiendo como patrimonio personal y no como delegación de la voluntad popular”, cuestionaron los religiosos.

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Según los obispos, las reformas “reflejan la pretensión de un cambio sustancial e integral en el sistema político de Nicaragua, en un momento de evidente desmantelamiento institucional del país” y cuando la dividida oposición política no representa “ninguna alternativa para el país”.

“Por todos los motivos antes mencionados, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua no estamos de acuerdo con este proyecto de reformas constitucionales. Creemos que su aprobación no traerá beneficio alguno para la nación”, advirtió la carta de la CEN.

Por el contrario, “lo que urge en Nicaragua más bien es el cumplimiento de las normas constitucionales de parte de quienes ejercen el poder”, puntualizó.

Daniel Ortega, que gobernó entre 1985 y 1990, volvió al poder en 2007 para un segundo mandato. En 2011 desafió la doble prohibición constitucional y se postuló para un tercer período que comenzó el año pasado, al amparo de una polémica sentencia del Poder Judicial.

Los líderes católicos criticaron también que el proceso de consultas sobre las reformas no haya tomado en cuenta a amplios sectores sociales y políticos críticos al gobierno.

“Una auténtica Constitución Política debería, finalmente, estar refrendada por la participación del pueblo, a través de un vasto proceso de consultas, sin exclusión de nadie ni de ningún sector de la sociedad y sin prisas inexplicables delante de un asunto tan grave para la nación”, subrayó el documento episcopal.

La iglesia católica nicaragüense ha mantenido una posición crítica hacia el gobierno de Ortega, en el poder durante la época de la revolución (1979-90) y desde 2007 con su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Los obispos y el gremio empresarial fueron los únicos sectores –de todos los convocados por el congreso– que objetaron el proyecto de reformas durante el proceso de consultas que duró apenas dos semanas y del cual fueron excluidos algunos sectores civiles de oposición.

El resto de los consultados, como el Ejército, la Policía, el Poder Judicial, el Consejo Electoral, el Ministerio Público, la Procuraduría y grupos afines al gobierno, expresaron su total respaldo, sin argumentar sus razones.


Las reformas a la Constitución deben ser aprobadas en dos períodos legislativos y con el voto de al menos 56 de los 92 miembros del Poder Legislativo, de acuerdo con la misma ley.

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