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miércoles, 30 de agosto de 2017

Migrantes afectados por Harvey rechazan ayuda por temor a ser deportados.

En Texas rechazan recibir ayuda por miedo a ser repatriados, pues la Ley SB4 prohíbe proporcionar apoyo a indocumentados; alcalde de Houston declaró que si alguien trata de devolverlos a sus países él los defenderá; la norma xenófoba entra en vigor el viernes.

La crisis que se vive a causa de la tormenta Harvey es peor para los migrantes. La inminente entrada en vigencia de la Ley SB4, que permite a la policía de Texas preguntar la condición migratoria de cualquier persona detenida, ha provocado que los indocumentados tengan miedo de acudir a refugios o pedir ayuda a las autoridades.

Ante la inminencia de la tormenta, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos había anunciado la semana pasada que los puestos de control migratorio en Texas permanecerían abiertos. Más tarde, el organismo modificó el anuncio, comunicando que “no se llevarían a cabo operaciones migratorias de rutina en zonas de evacuación o centros de asistencia a personas afectadas por la inundación, como refugios o centros de provisión de alimentos”.

Sin embargo, el pasado viernes, las autoridades de migración dejaron varadas a más de 50 mujeres, niños y niñas inmigrantes en una estación de autobuses de San Antonio cuando el servicio de transportes fue cancelado por el huracán Harvey, degradado a tormenta.

La polémica norma entrará en vigor el viernes y las personas que no tienen residencia legal en Estados Unidos temen ser deportadas. “La situación es bastante precaria ya que simplemente el hecho de estar pasando por una catástrofe de esta magnitud le afectaría a cualquier persona. En el caso de los migrantes se amplifica. Hay miedo de contactar a albergues o a las autoridades para ser rescatados. Hay rumores de que se le va a pedir su estatus migratorio, pero eso no es lo que está pasando”, explica a La Razón César Espinosa, fundador y director ejecutivo de FIEL, una ONG con sede en Houston que ayuda a los jóvenes indocumentados de la comunidad latina.

“Existe la incertidumbre sobre si van a verificar el estatus migratorio. Estamos tratando de mantener a toda la comunidad de extranjeros informada y calmada. Esperamos que las autoridades y los medios de comunicación sirvan para contrarrestar esta información”, agrega el líder comunitario.

La situación fue confirmada por el reportero de CNN Rey Ruiz, quien reportó ayer desde Texas que los migrantes tenían miedo de aparecer en televisión porque no querían ser deportados.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, emitió el pasado lunes por la mañana un mensaje claro a los inmigrantes indocumentados de Houston que podrían tener miedo de pedir ayuda tras Harvey, debido a su estatus legal.

“No hay absolutamente ninguna razón por la cual las personas deberían dejar de llamar (por ayuda). Yo y otros seremos los primeros en ponernos de pie contigo”, señaló a los periodistas, reportó el diario local The Texas Tribune. “Si alguien pide y necesita ayuda y luego por alguna razón (alguien) trata de deportarlos, yo mismo los representaré”, añadió Turner, quien es abogado.

El alcalde respondió directamente a una pregunta sobre la ley SB4, legislación estatal que busca endurecer leyes migratorias y prohibir las jurisdicciones consideradas santuarios. “No me importa quién seas, no me importa cuál sea tu estatus. No quiero que corras el riesgo de perder tu vida o (la de) un miembro de la familia porque te preocupa el SB4 o cualquier otra cosa”, insistió la máxima autoridad local del estado.

¿Qué contempla la Ley SB4?

Conocida también como ley contra ciudades santuario:

Autoriza a los policías locales preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante cualquier detención, incluidas paradas de tránsito.

Castiga a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía, por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.

Establece que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.

Impone sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.

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