CIDH actualiza cifras de víctimas y verifica la persecución y criminalización en contra de manifestantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este jueves (02.08.2018) a 317 los muertos en Nicaragua desde el 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

De los 317 fallecidos registrados entre el 18 de abril y el 30 de julio, la CIDH explicó en un comunicado que 21 son policías y 23 son niños, niñas o adolescentes. "La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes.

El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes", señaló Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, según recoge el comunicado.

 El Gobierno ha cifrado en 195 los muertos, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabiliza 448 y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) 302.

La semana pasada, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, explicó a la prensa en Washington que la Comisión estaba teniendo dificultades para recopilar cifras de víctimas mortales porque el Gobierno de Ortega había dejado de facilitarles datos oficiales. Por eso, la CIDH solicitó este miércoles al Ejecutivo nicaragüense la cifra actualizada de fallecidos y pidió reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público de Nicaragua.

 Persecución de los participantes en las protestas. 

Por otro lado, en su comunicado, la CIDH verificó "la persecución y criminalización por parte del Estado" en contra de aquellos que han participado en las protestas(manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos).

La semana pasada, Abrão ya denunció la existencia de una "tercera fase" de represión en Nicaragua que consiste en la "criminalización de manifestantes", tras la reciente aprobación en el Parlamento nicaragüense de una ley antiterrorismo que, de acuerdo a la ONU, podría usarse para perseguir las protestas pacíficas.

Según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento de la detención, ni de los cargos que se les imputan; no se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados.

Por ejemplo, el MESENI tomó conocimiento sobre la detención de Irlanda Jerez Barrera, una de las personas líderes de los comerciantes autoconvocados del Mercado Oriental, “por ser encontrada culpable de fraude y estelionato” y quién presuntamente habría sido interrogada por su rol en las manifestaciones iniciadas el 18 de abril en Nicaragua.

De igual manera, el MESENI recibió información sobre la detención, el 23 de julio, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, de Christian Rodrigo Fajardo Caballero y María Adilia Peralta Cerrato, integrantes del movimiento 19 de abril en Masaya, quienes estarían siendo acusados de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos.  Adicionalmente, se conoció la situación de Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes habrían permanecido detenidos en el Chipote hasta el 25 de julio, lugar en el que habrían recibido golpes y malos tratos; posteriormente, habrían sido trasladados a las instalaciones de la cárcel “Modelo”.

Además, la CIDH advierte que el uso de la persecución judicial y la criminalización se enmarca en un contexto de declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a las personas como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes” en el contexto de investigaciones judiciales en curso.

Sobre ese particular, el Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado Francisco Eguiguren, expresó: “Es de suma preocupación el uso indebido del derecho penal y, en particular, la recién ley aprobada contra el terrorismo, con el objeto de criminalizar el ejercicio de los derechos a la protesta social y la defensa de derechos humanos. Llamamos al Estado a cesar la criminalización de quienes participan pacíficamente en manifestaciones y abstenerse de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales".

Asimismo, la CIDH observa con preocupación la falta de respuesta estatal a las peticiones hechas por la CIDH para visitar de manera regular y sin limitaciones los principales centros penitenciarios y entrevistarse con los detenidos en el contexto de la actual crisis.

Por otra parte, el 27 de julio, al menos 40 personas habrían sido despedidas de manera injustificada del Hospital Oscar Danilo Rosales (HEODRA), en la ciudad de León, en represalia por haber atendido o manifestado apoyo a las personas heridas en el marco de las protestas.

El 28 de julio, otras 40 personas habrían sido despedidas del Hospital Regional Santiago, en Jinotepe, por presuntamente participar en la toma del hospital.

En este sentido, la CIDH llama al Estado a abstenerse de realizar despidos arbitrarios, hostigar, acosar o amenazar a trabajadores o trabajadoras del Estado por el hecho de expresar una posición crítica al Gobierno o participar en protestas. El personal que asiste médicamente a personas enfermas y heridas debe estar protegido de injerencias externas para que ejerza su profesión éticamente a quienes lo necesiten, con independencia de las ideas políticas, religiosas o filosóficas.