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martes, 27 de noviembre de 2018

Gobierno de Nicaragua expulsó a la activista feminista Ana Quirós.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, "expulsaron ilegalmente del país a Ana Quirós, una ciudadana ejemplar, nicaragüense de origen costarricense, mientras protegen a prófugos de la justicia como el expresidente Mauricio Funes (2009-2014)", escribió Torres en sus redes sociales.

Quirós, una defensora de los derechos de las mujeres que llevaba más de 30 años viviendo en Nicaragua y adquirió la nacionalidad nicaragüense en 1997, fue expulsada del país anoche, sin explicación, por las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería.

En contraste, Funes vive con plenas libertades en Nicaragua, donde está asilado desde 2016, mientras la Justicia salvadoreña lo busca por casos de supuesta corrupción.

Torres, un abierto opositor, luchó con Ortega para derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979, y fue el único guerrillero que participó en los dos golpes más grandes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): la toma de la casa de "Chema Castillo" (1974) y la del Palacio Nacional (1978), la primera para liberar al actual presidente, quien, cuando ocurrió la segunda, ya vivía en Costa Rica.

El Gobierno de Nicaragua no dejó claro si antes de la expulsión retiró la ciudadanía nicaragüense a Quirós, aunque para eso habría necesitado un lento proceso legal, de acuerdo con las leyes locales.

La expulsión de la activista se da en medio de una crisis sociopolítica que comenzó en abril pasado y deja ya entre 325 y 545 muertos, 610 "presos políticos", cientos de desaparecidos y miles de heridos, de acuerdo con cifras de organismo humanitarios locales e internacionales.

Además miles de nicaragüenses han salido del país huyendo la violencia, y Costa Rica es uno de los mayores receptores de la población, que supera los 25.000.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega, que reconoce 199 muertos y 273 detenidos que denomina "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes", no acepta responsabilidad, y sostiene que se impuso a un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno.

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