Asamblea Nacional aprueba Ley de Amnistía enviada por Ortega.
La asamblea Nacional, dominada ampliamente por el Frente Sandinista, aprueba en lo general la Ley de Amnistía de Daniel Ortega con 70 votos a favor y 15 en contra.
Durante la discusión intervinieron 14 diputados, en un tiempo de al menos tres horas que duró el proceso de aprobación. María Haydée Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), leyó el comunicado donde rechazan “rotundamente” la aprobación de la Ley. Catorce de los 15 votos que rechazaron la iniciativa, corresponden al total de diputados de la Bancada del PLC en la Asamblea Nacional.
La ley favorece a "todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018", cuando estallaron las protestas y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.
Incluye a los opositores que están presos por participar en las protestas, quienes deberán ser liberados "de forma inmediata" cuando la disposición entre en vigencia, con su publicación en la gaceta oficial.
Establece, además, que los beneficiados deberán "abstenerse" de volver a participar en protestas.
Con la aprobación de esta amnistía, se cierra la posibilidad de investigar y castigar a quienes reprimieron las protestas que estallaron el año pasado contra Ortega, tras una cuestionada reforma al seguro social, que se transformó en una demanda de salida del mandatario, en el poder desde el 2007.
El proyecto de ley fue propuesto como la excusa jurídica para liberar a todos los presos políticos, pero en la práctica estos seguirían siendo rehenes del régimen porque en la legislación queda la amenaza con quitarles el beneficio y ser encarcelados de nuevo si vuelven a protestar, según el artículo tres de la ley.
Desde el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, los familiares de los reos expresaron que “los presos no han pedido perdón, sino justicia”, por lo tanto acusaron al Gobierno que pretende perdonar a los policías y simpatizantes del FSLN que cometieron delitos.
El Comité Pro Liberación de Presos Políticos piensan que con la Ley habrá una amenaza latente, “si protestás te quitan el perdón y vuelves a la cárcel”, expresaron desde el Comité para El Nuevo Diario.
Una de las primeras reacciones a nivel internacional fue por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien dijo que la propuesta de amnistía en Nicaragua es una falta de reparación a las víctimas de la represión. “Los nicaragüenses tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, comentó Bachelet en una nota de prensa.
En el comunicado, Bachelet agregó que el Gobierno “tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”, sin embargo con esta propuesta de Ley no lo hará.
Por su parte, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron el proyecto de Ley propuesto por el gobierno sandinista, porque “son contrarias a la Convención Americana las leyes de amnistía que impidan la investigación y sanción a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos”..
A través de Twitter, la CIDH también publicó que tomó conocimiento por el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) de la convocatoria de la Asamblea Nacional de Nicaragua para el 8 de junio, para discutir un proyecto de Ley de Amnistía. Al respecto, “recuerda los estándares que deben ser tenidos en cuenta en estas materias”.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), rechazó el anteproyecto de Ley de Amnistía. "Esta Ley de Amnistía lo que promueve es la impunidad y niega el derecho a la verdad y la justicia", afirmó Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto de la CPDH.
De igual manera, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) rechazó el proyecto de Ley de Amnistía . “Esta ley puede proteger a los policías que mataron a manifestantes, sin duda, porque no hay ninguna excepción planteada en el artículo 2 que excluya el tipo de conducta que se desarrolló con los crímenes cometidos”, dijo José Pallais, miembro titular.
Durante la discusión intervinieron 14 diputados, en un tiempo de al menos tres horas que duró el proceso de aprobación. María Haydée Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), leyó el comunicado donde rechazan “rotundamente” la aprobación de la Ley. Catorce de los 15 votos que rechazaron la iniciativa, corresponden al total de diputados de la Bancada del PLC en la Asamblea Nacional.
La ley favorece a "todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018", cuando estallaron las protestas y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.
Incluye a los opositores que están presos por participar en las protestas, quienes deberán ser liberados "de forma inmediata" cuando la disposición entre en vigencia, con su publicación en la gaceta oficial.
Establece, además, que los beneficiados deberán "abstenerse" de volver a participar en protestas.
Con la aprobación de esta amnistía, se cierra la posibilidad de investigar y castigar a quienes reprimieron las protestas que estallaron el año pasado contra Ortega, tras una cuestionada reforma al seguro social, que se transformó en una demanda de salida del mandatario, en el poder desde el 2007.
El proyecto de ley fue propuesto como la excusa jurídica para liberar a todos los presos políticos, pero en la práctica estos seguirían siendo rehenes del régimen porque en la legislación queda la amenaza con quitarles el beneficio y ser encarcelados de nuevo si vuelven a protestar, según el artículo tres de la ley.
Desde el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, los familiares de los reos expresaron que “los presos no han pedido perdón, sino justicia”, por lo tanto acusaron al Gobierno que pretende perdonar a los policías y simpatizantes del FSLN que cometieron delitos.
El Comité Pro Liberación de Presos Políticos piensan que con la Ley habrá una amenaza latente, “si protestás te quitan el perdón y vuelves a la cárcel”, expresaron desde el Comité para El Nuevo Diario.
Una de las primeras reacciones a nivel internacional fue por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien dijo que la propuesta de amnistía en Nicaragua es una falta de reparación a las víctimas de la represión. “Los nicaragüenses tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, comentó Bachelet en una nota de prensa.
En el comunicado, Bachelet agregó que el Gobierno “tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”, sin embargo con esta propuesta de Ley no lo hará.
Por su parte, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron el proyecto de Ley propuesto por el gobierno sandinista, porque “son contrarias a la Convención Americana las leyes de amnistía que impidan la investigación y sanción a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos”..
A través de Twitter, la CIDH también publicó que tomó conocimiento por el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) de la convocatoria de la Asamblea Nacional de Nicaragua para el 8 de junio, para discutir un proyecto de Ley de Amnistía. Al respecto, “recuerda los estándares que deben ser tenidos en cuenta en estas materias”.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), rechazó el anteproyecto de Ley de Amnistía. "Esta Ley de Amnistía lo que promueve es la impunidad y niega el derecho a la verdad y la justicia", afirmó Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto de la CPDH.
De igual manera, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) rechazó el proyecto de Ley de Amnistía . “Esta ley puede proteger a los policías que mataron a manifestantes, sin duda, porque no hay ninguna excepción planteada en el artículo 2 que excluya el tipo de conducta que se desarrolló con los crímenes cometidos”, dijo José Pallais, miembro titular.
Asamblea Nacional aprueba Ley de Amnistía enviada por Ortega.
Reviewed by RVN
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6/08/2019 01:29:00 p. m.
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