La Alianza opositora denuncia la "consolidación de un estado policial" en Nicaragua

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció este martes la "consolidación de un estado policial" en Nicaragua, establecido para "reprimir y criminalizar" la disidencia, en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.

La Alianza denunció "la consolidación de un estado policial que utiliza todos los poderes del Estado para reprimir y criminalizar la protesta cívica y la disidencia" en Nicaragua, actualmente gobernada por el presidente Daniel Ortega.

La Alianza, contraparte del Gobierno en dos diálogos para buscar solución a la crisis del país sin éxito, hizo la denuncia luego de que los jueces del Poder Judicial se negaron a recibir las solicitudes de sobreseimiento definitivo y devolución de bienes para diferentes "presos políticos", que fueron excarcelados a través de una amnistía.

"Los jueces están dictando autos judiciales en los que mandan a archivar las causas, suspenden los efectos de las medidas cautelares y mandan a borrar antecedentes, pero no sobreseen a los acusados, con lo cual garantizan en beneficio del régimen, poder volver abrir dichas causas", resaltó la Alianza.

Esta actuación, según los denunciantes, va en contra del Código Procesal Penal, que establece que "una de las causas que extingue la responsabilidad penal, es la amnistía, la cual extingue por completo las penas principales y accesorias y todos sus efectos".

La actuación de los jueces se da a la vez que la mayoría de los manifestantes excarcelados son asediados por policías o "paramilitares", y algunos han vuelto a ser detenidos para responder por los delitos que están cubiertos por la amnistía.

"Los jueces en los procesos contra los excarcelados políticos deben en forma inexcusable dictar sentencias de sobreseimiento a favor de estos", insistió la oposición.

La Alianza recordó que el Poder Judicial "se debe regir por los principios de igualdad, celeridad y derecho a la defensa", así como encaminar "el principio de legalidad, proteger y tutelar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia mediante la correcta aplicación de la ley en los procesos judiciales de su competencia".

Al menos 620 "presos políticos" excarcelados entre febrero y junio deberían de poder desplazarse libremente en Nicaragua, pero son objeto de asedio, según la oposición, que a su vez reclama que se aplique la justicia a policías y "paramilitares" envueltos en asesinatos de cientos de manifestantes.

Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que unas 326 personas han muerto en el marco de la crisis en los últimos 15 meses. Organismos humanitarios locales suman 594. El Gobierno admite 200.