Congresistas de EE.UU. buscan "revisar" el comercio con Nicaragua

Cerca de una veintena de congresistas de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista que urge revisar el tratado de libre comercio con Nicaragua ante la "violenta represión" contra la oposición del gobierno de Daniel Ortega, quien busca la reelección en noviembre próximo.

"Ortega es un dictador y una amenaza a la libertad y a la democracia. Él está violando los derechos fundamentales de los nicaragüenses", aseguró en su cuenta de Twitter el congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez, uno de los impulsores de la medida.

Su colega María Elvira Salazar señaló que buscan "revisar" el tratado de libre comercio con Nicaragua ante la "violenta represión de Ortega contra la democracia".

Por su parte, el congresista demócrata Tom Malinowski indicó que "no hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar a su régimen con acceso preferencial al mercado estadounidense".

"Me entristece el agresivo desmantelamiento de Ortega de la frágil democracia de Nicaragua y las libertades por las que el pueblo nicaragüense tanto ha luchado. Le pido que revierta inmediatamente estas acciones y respete las leyes y la Constitución de Nicaragua", manifestó Malinowski.

Daniel Ortega es un dictador y una amenaza a la libertad y a la democracia. Él está violando los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Me uno orgullosamente a @RepMariaSalazar y a mis colegas del congreso para revisar nuestro tratado de libre comercio con Nicaragua. https://t.co/L2olmd4Bfj

— Congressman Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) June 17, 2021

"Estarían en juego un promedio de 5,000 millones de dólares anuales que el DR-CAFTA le genera a Nicaragua solo a través de la exportación de zonas francas y productos nacionales hacia Estados Unidos. A su vez, están en riesgo cerca de medio millón de empleos vinculados al sector exportador del país, de estos más de 100 mil puestos de trabajo solo en zonas francas. 

El impacto de la salida del DR-CAFTA sería severo en todas las cadenas de producción agrícola, ya que bajo el DR-CAFTA, el sector agropecuario de Nicaragua exporta hacia Estados Unidos entre 60 y 70 millones de dólares solo en frijol, cuya cadena de producción está en manos de miles de pequeños productores que le venden el grano a las empresas exportadoras. “Aquí se estaría provocando un efecto devastador a la economía nicaragüense que se podría traducir también en un efecto devastador en los empleos y en la pobreza del país, en las exportaciones por un lado y las inversiones también”, aseguró el economista Luis Núñez.

Esta semana, Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, respectivamente, denunciaron que desconocen el paradero y el estado de salud de los dos aspirantes a la Presidencia desde su arresto, ocurrido la semana pasada bajo "cargos espurios".

Salazar, congresista cubanoestadounidense por Florida, recordó que el presidente ha encarcelado a por lo menos cuatro candidatos de la oposición que se postulan para el cargo de presidente.

"Este proyecto de ley requiere que el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) revise el cumplimiento de Nicaragua con el CAFTA-DR (el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y seis países centroamericanos) dentro de 60 días", afirmó.

La republicana señaló en un comunicado de prensa que "Ortega está desmantelando las instituciones democráticas de Nicaragua, socavando activamente los intereses de Estados Unidos y violando los derechos del pueblo nicaragüense".

Subrayó que es urgente revisar el cumplimiento de Nicaragua con CAFTA-DR.

"Debemos demostrarle al régimen de Ortega que no puede seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense mientras cosecha los beneficios económicos del libre comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores", declaró Salazar.

Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los aspirantes presidenciales detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas dos semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.