Gobierno de Nicaragua retiene y niega renovación de pasaporte a exguerrillera Mónica Baltodano

La exguerrillera sandinista disidente Mónica Baltodano, de 67 años, denunció este lunes que el Gobierno de Nicaragua retuvo y no renovó su pasaporte, lo que le impide realizar trámites o salir de Costa Rica, donde reside desde agosto pasado tras huir de su país.

En una denuncia publicada en sus redes sociales, Baltodano, ex compañera de armas del actual presidente y líder sandinista Daniel Ortega, afirmó que tanto a ella como a su esposo, el también exguerrillero Julio López Campo, y su hijo Umanzor Campos Baltodano, “nos negaron la renovación de nuestros pasaportes”.

Según la denuncia, la renovación de los pasaportes le fue negada a la familia López Baltodano “después de realizar todos los trámites en el Consulado de Nicaragua en Costa Rica”.

“Nos comunicaron que ‘por instrucciones de Migración en Managua, debíamos realizar el trámite en Nicaragua’, cuando ellos saben que estamos exiliados para evitar ser encarcelados como muchos opositores”, afirmó Baltodano, quien estuvo entre los guerrilleros que dirigieron la insurrección que llevó a la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979.

Aseveró que, al negar la renovación de su pasaporte, el Gobierno de Nicaragua viola los derechos humanos de ella y su familia, y se les "restringe a permanecer en Costa Rica".

Hay además "un abuso de autoridad", pues al hacerse esa notificación "verbalmente y de manera informal, restringen la posibilidad de recurrir contra la decisión misma”, agregó.

Según una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vida y la integridad personal de la familia de la exguerrillera se encontraban en “grave riesgo” desde 2018, cuando su hija, la abogada Mónica López Baltodano, abandonó Nicaragua, tras defender los derechos de los campesinos del sur del país.

Baltodano, su esposo y su hijo, huyeron hacia Costa Rica en agosto pasado, en medio de una ola de arrestos que llevó a prisión a más de 40 líderes opositores en el contexto de las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en cárcel o el exilio.

"Esta acción violenta nuestros derechos civiles y humano por las siguientes razones", detalla Baltodano:

 1. Es un acto de negación de nuestra nacionalidad que busca impedirnos de facto ejercer la ciudadanía efectiva como nicaragüenses. Tanto la cédula como el pasaporte son documentos que a uno lo acreditan como nacional del correspondiente Estado, y esta actuación, motivada en una represalia política, intenta de facto convertirnos en apátridas (aunque no nos hayan retirado por resolución la nacionalidad). 

2.  Es una violación a nuestro derecho de libre circulación, que no solo nos restringe a permanecer en Costa Rica, sino que nos impide reencontrarnos con la familia en otros países y ejercer plenamente nuestras libertades. 

3.  Es una violación al derecho al trabajo, ya que nos impide viajar a otros países en donde podríamos trabajar o generar ingresos para sobrevivir. 

4. Es un abuso de autoridad por parte del Estado, pues ni siquiera emitieron una resolución que "sustente" esta denegación. Al hacerlo verbalmente y de manera informal, restringen la posibilidad de recurrir contra la decisión misma, reducida a "órdenes superiores". El derecho a recurrir frente a decisiones de las instituciones públicas está consagrado en la Constitución y en las leyes. 

La retención y no renovación de pasaportes ya había sido denunciada por diferentes personas relacionadas con la oposición en Nicaragua, así como por periodistas independientes.

Diferentes medios no oficialistas también han reportado denuncias anónimas sobre la retención de pasaportes a funcionarios y militantes sandinistas dentro de Nicaragua.

Más de 108.000 nicaragüenses han partido al exilio desde 2018, principalmente a Costa Rica y Estados Unidos, motivados por la crisis sociopolítica y los efectos económicos de la misma, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). EFE