La Eurocámara reclama "sanciones" contra el gobierno de Nicaragua

La Eurocámara urgió este jueves a la Unión Europea (UE) a adoptar "un proceso escalonado de sanciones" contra el gobierno de Nicaragua hasta que se restablezcan "plenamente" los "derechos humanos y libertades fundamentales".

Por 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, los eurodiputados reclaman además a Managua "la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el cese inmediato de todas las formas de represión (...) y el retorno de las organizaciones internacionales al país".

Nicaragua se encuentra sumida en una crisis política desde la represión en abril de protestas contra el gobierno del sandinista Daniel Ortega, en el poder desde 2007, que dejó 325 muertos, más de 700 presos y miles de exiliados, según grupos humanitarios.

Tras una serie de vaivenes, el gobierno y la oposición de Nicaragua acordaron el miércoles reanudar el diálogo para buscar una salida a la crisis, luego de que las autoridades accedieron a excarcelar a un grupo "apreciable" de presos.

La Eurocámara reclamó así, "con carácter de urgencia, "un diálogo interno significativo para hallar una solución sostenible y pacífica que permite a todos los actores de la sociedad disponer de un espacio de actuación y expresión libre, y restablezca sus derechos civiles".

Para los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia), las acciones del "gobierno, sus instituciones y sus organizaciones parapolíticas obedecen a una estrategia planificada para destruir la oposición política que lideró las protestas del año pasado".

La resolución adoptada pide además a la UE a activar la "cláusula democrática" del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica y suspenda así la participación de Nicaragua en dicho acuerdo, cuyo capítulo comercial es el único aplicado desde 2013.

En 2017, los intercambios comerciales entre la UE y Nicaragua se elevaron a 621 millones de euros (unos 700 millones de dólares), frente a los 508 millones de euros registrados en 2014, el primer ejercicio completo de aplicación, según datos de la Comisión Europea.

A finales de enero, la UE, en una declaración acordada por los 28 cancilleres del bloque que son los encargados de adoptar sanciones, advirtió que supervisará "atentamente la situación" y subrayó su disposición a "responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho".

Venezuela, un aliado de Nicaragua, se convirtió en 2017 en el primer país de América Latina sancionado por la UE por el deterioro, a su juicio, de la situación, con un embargo de armas y la imposición de sanciones posteriormente a 18 funcionarios.