La Cámara de Comercio Americana pide a la Policía de Nicaragua alejarse de negocios.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) pidió este viernes a la Policía Nacional que retire a sus agentes de los negocios, donde se han ubicado desde 2018 para impedir protestas contra el presidente Daniel Ortega, debido a que su presencia deprime el comercio.

"Solicitamos considerar el retiro de dicha presencia policial en los establecimientos donde no han sido llamados, pues no consideramos que esto contribuye a la estabilidad y la necesidad de fomentar la inversión y el comercio en nuestro país", escribió Amcham al jefe de la Policía, Francisco Díaz.

Tras los ataques armados del Gobierno contra manifestantes que protestaban en las calles en 2018, y que produjeron cientos de muertos, la oposición empezó a protestar en centros comerciales privados, por lo que ahora la Policía realiza patrullajes dentro de dichas propiedades, sin contar necesariamente con el permiso de los inversionistas.

"Esta situación ha causado una sensación de intimidación y una percepción de acoso entre los colaboradores de estas empresas, como principal preocupación de nuestros agremiados", explicó Amcham.

Antes del estallido social contra Ortega, la presencia de policías en puntos céntricos era inusual en Nicaragua debido a sus altos índices de seguridad ciudadana, especialmente en centros comerciales privados.

Pero ahora la Policía nicaragüense goza de mala reputación, debido a las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por sus agentes contra opositores a Ortega, así como violaciones "sistemáticas" a los derechos humanos, incluidas agresiones sexuales, según organismos especializados.

Entre los órganos que responsabilizan al Gobierno de Ortega por la violencia, están la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han citado crímenes "de lesa humanidad" en algunos de sus informes.

Desde hace un año la Policía prohíbe cualquier manifestación de rechazo a Ortega, a pesar de que la medida contradice la Constitución, según los juristas.

Países como Estados Unidos y Canadá han aplicado sanciones económicas individuales a varios miembros del Gobierno de Nicaragua por corrupción y violación de los derechos humanos, incluido el jefe policial Díaz, quien es consuegro de Ortega.

La violencia en el marco de la crisis de Nicaragua ha dejado unos 328 muertos, según la CIDH, 595 conforme los datos de organizaciones locales, o 200 según lo que reconoce el Gobierno.

En el aspecto económico, Nicaragua esperaba crecer entre 4,5 % y 5 % antes del estallido social de 2018, pero terminó el año con una contracción del 3,8 %, que podría pasar al 1,01 % en 2019, según las proyecciones del Gobierno.

Actualmente en la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene abierto el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, que de aplicarse suspendería al país del organismo.