Meses de disturbios arrasan la economía de Nicaragua.

Dos días después del inicio de las protestas en Nicaragua en abril, una empresa extranjera de componentes para autos mantenía una reunión en un hotel de la ciudad de León cuando el humo procedente de un edificio de una universidad en llamas, a apenas un bloque de distancia, llenó el patio del establecimiento.

Los visitantes acortaron rápidamente el encuentro y empezaron a cambiar sus planes de viaje para abandonar el país. En tres meses, ese hotel, El Convento, se vio obligado a cerrar por falta de clientes, igual que ocurrió con otro del mismo grupo en junio.

La economía de Nicaragua se ha visto devastada por casi cinco meses de disturbios provocados por una reforma de la Seguridad Social que pronto derivó en peticiones de dimisión contra el presidente, Daniel Ortega.

En junio, la actividad económica del país había caído un 12,1% en comparación con el año anterior, según el Banco Central. Los economistas estiman que se han perdido 200.000 empleos, incluyendo hasta 70.000 en el sector turístico, que en los dos últimos años se convirtió en la principal fuente de divisas del país.

Los ingresos de hoteles y restaurantes se desplomaron un 45% en junio frente a 2017, de acuerdo con el Banco Central. Del mismo modo, la construcción experimentó una caída del 35% y las ventas minoristas del 27%. Además se retiraron unos 900 millones de dólares en depósitos de las entidades financieras, que respondieron ajustando sus préstamos para preservar la liquidez, lo que también contribuyó a la desaceleración económica.

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua reportó que más de 4.855 hectáreas (más de 12.000 acres) de terrenos privados fueron ocupadas por partidarios del gobierno en lo que, según líderes del sector, fueron confiscaciones en venganza por su respaldo a los manifestantes.

El 91% de los terrenos ocupados se utilizaba para la agricultura y ganadería, agregaron.

Víctor Hugo Sevilla, el gerente de los dos hoteles de León, sigue chequeando su correo electrónico, pero reconoce que “no he recibido solicitudes de extranjeros para reservaciones. Hemos recibido cinco, tal vez ocho, consultas de tarifas de (viajeros) nacionales, pero no reservaciones en firme”.

León, la segunda ciudad más grande de Nicaragua, fue uno de los lugares que registró manifestaciones y barricadas más intensas. Desde el principio, estas protestas se toparon con la violencia de la policía antimotines y de civiles partidarios del ejecutivo de Ortega. En julio, desalojaron por la fuerza las barricadas y expulsaron a los estudiantes descontentos que ocupaban los campus universitarios.

Más de 300 personas perdieron la vida en los disturbios, según grupos de derechos humanos. El gobierno se refiere a los manifestantes como “terroristas” y dijo que derrotó un intento de echar a Ortega del cargo patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y la oposición en el país, incluyendo algunos en el sector privado.

Ortega reconoció este mes que los disturbios le costaron empleos al país. En una entrevista con la agencia de noticias española EFE, apuntó que el turismo doméstico estaba empezando a regresar, pero “donde ha habido más problema es en la atracción de turismo internacional, porque esta situación tiende a ahuyentar a los turistas”.

Un factor importante fue que los países de procedencia de la mayoría de los turistas con un poder adquisitivo alto _ como Estados Unidos, Canadá, España y Gran Bretaña _ emitieron advertencias instando sus ciudadanos a evitar los viajes a la nación centroamericana.

Grandes aerolíneas como American y United redujeron sus vuelos a la capital, Managua, de tres diarios a apenas uno. Spirit y Delta, entre otras, rebajaron también sus rutas, apuntó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.

El organismo, que es la principal cámara de comercio del país, se unió a la convocatoria de una huelga nacional el 7 de septiembre. La Alianza Cívica, formada para representar a un amplio sector de la sociedad nicaragüense en el estancado diálogo con el gobierno, dijo que el paro buscaba presionar a las autoridades para volver a la mesa de negociación y protestar por la detención de miembros de la Alianza y otros presos por causas políticas.

Los principales destinos turísticos del país, incluyendo la joya colonial de Granada y San Juan del Sur, un paraíso del surf en la costa del Pacifico, notaron las consecuencias de las protestas casi de inmediato. Hoteles y restaurantes redujeron sus horas abiertos, luego los días hasta que finalmente cerraron por completo.