Nicaragua ordena compra de pruebas y medicinas para tratar COVID-19.

La próxima semana podrían estar llegando a Nicaragua 100 mil pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), utilizadas para la detección del Covd-19, así como un cargamento de medicamentos que actualmente el Ministerio de Salud está utilizando en sus protocolos médicos para tratar a los pacientes con coronavirus.

El pedido es parte de una compra directa que el Gobierno ha gestionado a través de una solicitud de oferta de bienes, para la compra de medicamentos de emergencias e insumos de laboratorios para el abastecimiento de las unidades de salud.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), explicó que este proceso de compra que ejecutó el Gobierno no fue a través de un proceso de licitación, sino que se escogió de manera directa a una empresa extranjera que abastecerá al país de este tipo de producto.

En el caso de la compra de estos medicamentos, Aguerri lamentó que la industria nacional que ha sido proveedora del Estado no haya sido tomada en cuenta por el Gobierno.

“Se está queriendo traer o comprar esta cantidad y aquí la industria farmacéutica nacional no ha sido requerida para que sean parte de este proceso y que puedan elaborar aquí estas pastillas que si las pueden hacer”, sostuvo Aguerri.

En medicinas, el Gobierno ha ordenado la compra de un millón 900 mil de tabletas de hidroxicloroquina de 250 miligramos, un millón 975 mil tabletas de vitamina C, un millón de tabletas de Zinc, así como soluciones inyectables de enoxaparina y paracetamol, ivermectina y nitaxozanida.

Aunque no dio detalle de cantidad, Aguerri, criticó que dentro de esta compra, el Gobierno adquirió poca cantidad de mascarillas y de lentes de protección especial para los médicos cuando se requiere una mayor dotación de estos equipos para abastecer a todos los profesionales de la salud del sistema público en el país.

Respecto al pedido de 100 mil pruebas de PCR, Aguerri reconoció este esfuerzo por parte del Gobierno, sin embargo, demandó transparencia en el uso de las mismas.

“Si el sistema (el Minsa) pudiera hacer mil pruebas diarias, entonces estaríamos hablando de 100 días, eso te permite asegurar de que, si se utilizaran todas las pruebas, todos los días, con esto cubrís los próximos 3 meses y 10 días, entonces, la invitación aquí es que ya estuvieran pidiendo otra cantidad similar para que cuando estas pruebas vengan estemos con un proceso continuo de realización de pruebas en la población”, sugirió el presidente del Cosep.

Aguerri también insistió al Gobierno en la liberación de la prueba de la PCR para que laboratorios privados en el país puedan ofrecer este servicio al público.

Actualmente, en todos los países de la región, la prueba para la detección de la Covid-19 la pueden realizar hospitales públicos y laboratorios privados. En Nicaragua el Gobierno limitó este servicio únicamente al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud, en el Complejo Conchita Palacios.

Nicaragua se encuentra en el grupo de al menos diez países que solicitan a viajeros la prueba negativa de Covid-19 para ingresar a su territorio, lo que contrasta a lo interno del país porque no se realizan pruebas masivas y tampoco control de focos de infección para ralentizar la curva de contagios del SARS-CoV-2, por lo que el infectólogo Carlos Quant, la considera más bien, política.

Nicaragua anunció estas medidas en el contexto de la reapertura del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua para los vuelos comerciales.

Se trata de la primera vez que se establece restricciones migratorias en Nicaragua, desde que la pandemia del COVID-19 alcanzó su territorio, a mediados de marzo pasado, hace cuatro meses.

Además de demostrar que no padecen de COVID-19, los viajeros extranjeros que presenten fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar, mientras que los nicaragüenses con dichos signos pasarán directamente a “resguardo domiciliar”, según una resolución del Ministerio de Salud. En cualquier caso, toda persona que ingrese a Nicaragua estará “bajo seguimiento telefónico”, según el Ministerio de Salud.

El epidemiólogo Leonel Argüello explicó que la medida anunciada si funciona porque permite captar la mayor parte de casos, pero señaló las dificultades que representa para los nicaragüenses que quieran ingresar al país, ya que tienen que buscar dónde y cómo hacerse la prueba.

Argüello explica que las representaciones consulares nicaragüenses deberían de apoyar a los nicaragüenses en facilitarles información u orientación de dónde realizarse las pruebas de Covid-19, ya que si una persona está en la frontera de Panamá con Costa Rica, cómo podrá cumplir con el requisito.

Al establecer una medida también se tiene que facilitar que se pueda cumplir, dijo. Asimismo, sugirió que se debería tener un trato especial con los nacionales; cientos de ellos viajan por tierra, y ahora regresan al país porque se quedaron sin trabajo como efecto de la pandemia, recordó.

Ante la disposición, los médicos aseguran que otros países también podrían solicitar lo mismo a los nicaragüenses, lo que implicaría un gran problema para los ciudadanos, ya que pese a diversos llamados para que el Minsa libere las pruebas de Covid-19, no lo ha hecho.

Los nicaragüenses no tienen opción de aplicarse el test de Covid en una instancia privada. El único autorizado es el Minsa, y aunque ha ampliado los criterios para que una persona se someta a la prueba PCR, los mismos médicos han denunciado, que en muchos casos de pacientes con sintomatología leve de Covid-19 no se la aplican.

De hecho, en casi cuatro meses de pandemia, no se conoce la cantidad de test que Nicaragua ha aplicado a la población.

Si esto llegase a pasar, los nicaragüenses estarían en serios problemas, sostiene Quant porque el gobierno no hace las pruebas de forma masiva, y no cree que pongan a disposición de los ciudadanos realizarse la prueba para viajar.

“Honestamente creo que tienen sus decisiones tomadas, y no creo que vayan a modificar sus políticas solo porque otro país lo demande (…)”, expresó.

Por su parte, el epidemiólogo Rafael Amador, no descarta la acción recíproca de los demás países, debido al comportamiento social y al desarrollo de la pandemia en el país. “Eso se tendría que esperar… Donde nosotros queramos viajar nos van a hacer lo mismo”, dijo el doctor.

Ante este escenario, el doctor Amador señaló que el régimen se vería obligado a realizar las pruebas de PCR. “La realidad obligaría a eso porque si no, ningún nicaragüense podría salir”.

Sobre la realización de la prueba PCR en tiempo real, con una antelación de 72 horas, que pide el Minsa, el epidemiólogo aclaró que eso dependerá de la disposición del país de donde provenga la persona, por lo que la interrogante sería ¿Qué tipo de pruebas dispondrá el sistema de salud para la población nicaragüense?

“¿Qué pruebas les van a garantizar a los nicaragüenses que deseen viajar y por reciprocidad o control de los demás países nos pidan una prueba negativa de RT-PCR (prueba en tiempo real)? ¿Dónde se consigue, dónde la hacen?”, cuestionó el doctor.

Pese a estas medidas, el epidemiólogo consideró que esto aumentaría el riesgo de que más personas contagiadas ingresen al país y se incremente la transmisión en la comunidad; una situación que se sumaría al regreso a clases y a las actividades públicas que se vienen realizando en las últimas semanas. “Todo eso va sumando nuevas camadas que van a empezar a presentar sintomatología, y muchos de ellos en estado severo en corto plazo, lo que implica que en un plazo de dos semanas, tendríamos un repunte muy importante”, dijo el especialista.

Aunque Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha cerrado sus fronteras en medio de la pandemia, algunos de sus puestos fronterizos, así como el Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”, de Managua, redujeron notablemente sus actividades, debido a que el resto del mundo aplicó el aislamiento.

Hasta inicios de julio unos 1.500 nicaragüenses habían quedado varados en países vecinos y en el mar Caribe, porque las autoridades de su país les negaban el retorno, a pesar de que la Constitución no establece impedimentos en estos casos, y de que en su mayoría se declaró libre de COVID-19.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la Organización de los Estados Americanos (OEA), y sus dependencias dedicadas a la salud y la defensa de los derechos humanos, han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por cómo se maneja la emergencia sanitaria en Nicaragua.