"Esa acusación es infundada, es una falacia, jamás esos jóvenes se van a atrever a andar con un armamento ilegal", dijo la abogada María Oviedo, de la CPDH, quien afirmó que el proceso es parte de una represalia política contra los opositores al gobierno de Daniel Ortega. 

 El caso quedó radicado en el Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, a cargo del juez Julio César Arias Roque.

 POR LLEVAR AGUA

Trece de los 16 acusados pertenecen a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, entre ellos la líder estudiantil belga, una activista que ya había sido detenida con anterioridad y fue liberada bajo una polémica Ley de Amnistía.

Coppens fue arrestada junto a otras 12 personas cuando intentaban hacer llegar recipientes con agua a unas 10 madres que se encuentran en huelga de hambre desde el jueves pasado por la liberación de sus hijos en una parroquia en la ciudad de Masaya (sureste), según la Unidad Nacional.

Ese templo se mantiene desde entonces cercado por la Policía Nacional y las autoridades cortaron la energía y el servicio de agua potable.

Los otros tres manifestantes opositores fueron detenidos en sus casas, entre ellos el excarcelado Wilfredo Brenes.

Entre los miembros de la Unidad Nacional que fueron acusados, además de la activista Coppens, son Ivania Álvarez, Hanzel Quintanilla, Jesús Tefel, Roberto Büschting, Neyma Hernández, Wendy Juárez, José Medina, Atahualpa Quintero, Olama Hurtado, Melvin Peralta, Olga Valle y Derlis Hernández.

 TENSIÓN EN LOS JUZGADOS



Los 16 opositores fueron presentados este lunes ante los medios oficiales por la Policía Nacional con trajes de prisioneros.

Según la Policía, al grupo le decomisaron "12 artefactos explosivos, conocidos como bombas molotov, una escopeta con 16 municiones calibre 12 con serie borrada, 3 revolver con 18 unidades de municiones calibre 38 con serie borrada, y 3 automóviles tipo sedan".

Por su lado, familiares, amigos y abogados de los acusados acudieron este lunes a las instalaciones del Complejo Judicial Managua en espera de la audiencia preliminar y a gritar consignas en contra del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

La sede judicial, donde se vive un ambiente de tensión, se encuentra fuertemente resguarda por agentes de la policía.

La acusación se produce en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos, así como miles de heridos, y decenas de miles en el exilio, por protestar contra Ortega.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis política en Nicaragua, aunque organizaciones locales cuentan hasta 651, mientras el Gobierno de Ortega admite 200 y alega defenderse de un intento de "golpe de Estado".